Guadalajara, Jalisco. mayo 18.- A principios de la actual administración de Guadalajara, se descubrieron una serie de irregularidades para conceder o negar permisos que le compete otorgar a la autoridad municipal, principalmente de construcción y comercio.
Es decir, en lugares prohibidos se permitía y en lugares permitidos se negaba. Alrededor de ello se creó una red de corrupción que algunos regidores aseguran se utilizó para financiar las campañas electorales del Partido Acción Nacional y otros para beneficio personal. Ambos igual de graves.
Los hilos apuntan a funcionarios que actualmente mantienen o cargos de elección popular o administrativos de un nivel aceptable: en la mira se encuentra el mismo gobernador, Emilio González Márquez, quien fungía como alcalde al momento de las irregularidades; Gustavo González, entonces síndico del ayuntamiento y actualmente diputado local, y Javier Ulloa, quien firmó la mayoría de permisos en la sindicatura cuando su titular pedía permiso para ausentarse.
Se descubrieron irregularidades en 1,800 casos: en el mes de diciembre de 2006, último mes de la administración, se autorizaron más permisos que en los tres años previos.
Para el esclarecimiento de las irregularidades se nombró una comisión integrada por abogados que cobraron diez mil pesos mensuales, duraron trabajando siete meses y, repentinamente acordaron, por la vía de la mayoría panista, desaparecerla y que dejara de investigar.
El asunto llama la atención por dos factores fundamentales: mantener y solapar la impunidad en la que se manejaron los funcionarios de la anterior administración municipal y que conservan un empleo importante en la anterior para evitar incomodidades.
Otro es la manera en que las dos grupos al interior del Partido Acción Nacional lograron el acuerdo para trabajar en equipo en asuntos que afectan a todo el partido y no sólo a algunos funcionarios en particular, lo que avistaría el primer paso de las campañas electorales del 2009. Por lo menos ya preparan el camino en los asuntos escabrosos que sin duda alguna serán temas del proceso electoral.
Al alcalde, Alfonso Petersen, no le importó, por primera ocasión, enfrentarse a los regidores de oposición para darle muerte a la mencionada comisión sin haber cumplido su cometido.
Tampoco importaron los argumentos, como el señalar que era una comisión muy cara y tenía pocos resultados, porque, en cambio, a principios de la administración a un solo funcionario (Carlos Vallejo, mejor conocido como el “funcionario garrapata”) le pagaron más de 400 mil pesos y nunca les pareció caro porque se trataba de un amigo.