Guadalajara, Jalisco. Agosto 20.- Lejos de vislumbrar un posible acercamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo de Jalisco, las declaraciones posteriores a la interposición de la controversia constitucional apuntan al sentido contrario: al del conflicto.
Lo mismo ocurre con la reunión de funcionarios cercanos a la línea del gobernador, Emilio González Márquez, y la decisión de su contraparte en la presidencia estatal del PAN, Eduardo Rosales, de apoyar con todo la reforma que permite un aumento en los ingresos 500 por ciento superiores a los partidos políticos.
Y mientras continúa la discusión de si la controversia es aceptaba y procedente, surgió un nuevo elemento contradictorio en el Gobierno Estatal: cuando la supuesta pretensión es cuidar los dineros del pueblo, destinaron tres millones de pesos para una campaña mediática de desprestigio contra dos objetivos, uno es Jorge Salinas, coordinador blanquiazul en el Congreso de Jalisco, y el otro los partidos políticos.
Tampoco abonan al diálogo los argumentos para recurrir a la controversia cuando se pide que se decrete la inconstitucionalidad de la fracción IV del artículo 13, donde se establece el nuevo esquema de financiamiento, cuando lo único que se hizo fue ajustar, precisamente, el texto de la constitución local con la federal, como lo obligaba el artículo sexto transitorio de la reforma de noviembre del 2006, pero de paso se acusa a los diputados de un supuesto fraude a la ley.
Según Wikipedia, se denomina “fraude a la ley a una situación en la cual para evitar la aplicación de una norma jurídica que no le favorece o no le interesa, una persona se ampara en otra u otras, llamadas normas de cobertura, y busca dar un rodeo que le permita sortear la prohibición o las obligaciones que le imponía la norma vulnerada”: un ejemplo muy claro son los contratos que se dan a los trabajadores cada 28 días para evitar que creen antigüedad y no se les pague indemnización alguna.
En la exposición de motivos se señala, en base a la exposición de motivos de la reforma constitucional federal, que los incrementos a los partidos políticos de Jalisco elevan los costos de los procesos electorales en lugar de abaratarlos, como era demanda ciudadana.
En este punto, la petición o muestra desconocimiento o quiere engañar porque al citar la exposición de motivos no se entera que el ahorro está en otra parte, concretamente en evitar el crecimiento exponencial que sufrían los topes y gastos de campaña en cada proceso electoral.
El único punto con mayores posibilidades de controversia es el relativo a que los consejeros electorales son servidores públicos de confianza y al desaparecer su cargo sólo tienen derecho a la indemnización que por ley les corresponde, como ocurrió con los consejeros del Instituto Federal Electoral, y no como quieren indemnizarlos con sueldos hasta el 2010.
Es un hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará entrada a la petición porque así lo establece, otra vez, el artículo sexto transitorio de las reformas constitucionales, y a partir de entonces el gobierno del estado tendrá treinta días para argumentar su petición, mientras tanto, el ruido al proceso electoral que debe iniciar en diciembre sigue creciendo.

Guadalajara, Jalisco. agosto 01.- ¿Con qué calidad critican los empresarios el dinero para partidos?, pregunta el presidente del congreso de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, al pedirle su opinión sobre el nuevo megadonativo del gobierno de Jalisco.
Los coordinador del PRI y del PAN, Juan Carlos Castellanos y Jorge Salinas, respectivamente, reaccionaron de la misma manera y reconocieron que la situación vendrá a incrementar las diferencias del Congreso con empresarios.
“Ahora entendemos todas las actitudes de Gutiérrez Treviño y me parece que sí se echó el buche de agua” cuando negó que el río Santiago estuviera contaminado por quedar bien con el gobernador.
Por su parte, el el coordinador del CCIJ, Javier Gutiérrez Treviño  contestó que "el dinero pasó por el Congreso del Estado y fue firmado por las mismas personas que ahora se hacen que no saben”, pero no dijo que las reglas acaban de ser publicadas y él es el principal beneficiado.

Guadalajara, Jalisco. Julio 11.- El conflicto entre los poderes legislativo y ejecutivo sumó esta semana como nuevos protagonistas a los empresarios de Jalisco, quienes agarraron de pretexto las pretendidas modificaciones al consejo económico y social para irse en contra de los diputados.
Así, el gobernador Emilio González Márquez se apuntó una ficha a su favor y vio los frutos de su manejo político de hace un mes, cuando luego de una reunión en la CANACO Guadalajara asegurara “los empresarios, como los reporteros, “se arreglan” con dinero”.

Fue precisamente Gutiérrez Treviño quien inició la andanada empresarial el miércoles, cuando llamó dictadores, chavistas (de Hugo Chávez, por supuesto) y chapulines a los diputados (se le olvidó que Emilio González Márquez y varios funcionarios tiene buen tiempo en cargos de elección popular).
José María Andrés Villalobos los llamó dictadores.
El gobernador sabe que esos favores se pagan: Gutiérrez Treviño podría verse beneficiado con dos corredores industriales próximos a instalarse en Jalisco, la CANACO recibirá 35 millones de pesos para la construcción de su nuevo edificio y José María Andrés Villalobos todo el apoyo para su desarrollo turístico en la costa aunque, como él mismo dice, “tengan que sacar a chingadazos” a los invasores.
Pura información "off de record”.
Pero en política los problemas que se arreglan con dinero salen baratos y una buena parte de la política se ha hecho así en lo últimos días en Jalisco. Hoy el gobernador pegó una.
Los diputados contestaron este viernes a través de un desplegado en varios medios de comunicación impresos, firmado por el presidente en turno, Enrique Alfaro Ramírez, a quien le tocó, como invitado en la mesa de honor por el 120 aniversario, la andanada que le propinó el presidente de CANACO.
“Es claro el nivel de desinformación y prejuicio con el que algunos actores han juzgado muchas de las decisiones tomadas", dice el desplegado como acuse de un recibo bastante doloroso.

Guadalajara, Jalisco. Junio 02.- Para arreglar asuntos electorales y empresariales, el gobierno panista de Jalisco recurrió a una máxima priísta: “En política, lo que se arregla con dinero sale barato”.
Y así aplicó, o busca aplicar, un cañonazo de dos millones de pesos para cada uno de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Es decir, catorce millones de pesos en total, para que se vayan a su casa un año y medio antes del tiempo para el que fueron electos.
Se trata de un trámite sencillo, propuesto por los propios consejeros que, lejos de hacer su chamba, se pusieron precio sin importar la vulnerabilidad en la que dejan a la institución encargada de organizar y vigilar los procesos electorales.
Del otro lado, al gobierno estatal –en contubernio con el congreso de Jalisco- no le importa caer en el delito de peculado si desvía recursos (los mismos catorce millones), pues en este caso se trata de un cese constitucional, motivado precisamente por el cambio en la constitución política del estado y quiere evitar que los consejeros recurran a la demanda.
Es decir, el gobierno midió bien a los consejeros (quieren dinero porque amenazaron con entablar demandas) y los compró baratos porque se trata de política y mejor nombrarán consejeros cada tres años, con lo que se cumplirá una fórmula que permitirá a cada legislatura nombrar consejeros propios y que le deban el favor a alguno de los diputados en turno.

TAMBIEN CON LOS EMPRESARIOS

La misma fórmula aplicó el gobierno del estado con los empresarios, concretamente con algunos relacionados con el ramo zapatero y el asunto del techo móvil cuyos engorros legales se mantienen.
Hace algunos meses llegó una orden de presentación para Jorge García Fernández, de parte de la PGR, le pidieron arreglar el asunto al secretario de gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien no hizo nada.
El trámite siguió su marcha hasta que la orden fue de arresto en contra de García Fernández: Los empresarios hicieron team back y en la sobremesa de la reunión organizada el pasado lunes 26 en la Cámara de Comercio los reclamos salieron a relucir.
El gobernador, Emilio González Márquez se comprometió a pagar toda la defensa legal a los empresarios y a reponer lo que ya gastaron a cambio de que se tranquilizaran.
Al término de la reunión, en petit comité el gobernador presumió el arreglo, “esos empresarios se arreglan como se arregla todo mundo, lo que querían era dinero” y ya está.

Guadalajara, Jalisco, mayo 29.- El cinismo político (sí lo hago ¿y qué?) alcanzó al congreso de Jalisco que ni siquiera intentó disimular. Los diputados no encontraron mejor forma que el reparto de cuotas para integrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. El reparto alcanzó incluso para dejar satisfechos a los grupos que actúan al interior de los propios partidos.
En un acuerdo establecido desde el martes por la noche, se repartieron los cinco espacios y el viernes simplemente simularon un proceso de selección de cinco magistrados y sus respectivos suplentes, que durarán en el cargo cuatro años, con posibilidad de reelegirse por un periodo más.
La convocatoria se lanzó apenas el martes por la tarde, se abrió el registro desde ese momento hasta un día después a las 17:00 horas y tres horas más tarde comenzó la sesión plenaria en la que fueron electos por cédula y a través de mayoría calificada. Desde la mañana, sin embargo, ya los medios de comunicación conocían los nombres de quienes serían electos.
El PAN designó como magistrados a José Guillermo Meza García, quien fue subsecretario de Gobierno en la Administración de Francisco Javier Ramírez Acuña, y a Gonzalo Julián Rosa Hernández, ex Magistrado en 1994; el PRI repartió sus dos espacios entre los dos principales grupos internos. La corriente que encabeza Arturo Zamora Jiménez designó a quien fue su secretario general en el Ayuntamiento de Zapopan, José de Jesús Reynoso Loza, y el grupo del dirigente estatal Javier Guízar Macías colocó a Rubén Vázquez, quien actualmente es secretario del padrón priísta.
El grupo Universidad de Guadalajara impuso a Luis Antonio Corona Nakamura, quien fue propuesto por el PRD.
Los nuevos magistrados sustituyen a los cuatro cuyo cargo fue revocado hace dos días y que habían sido reinstalados apenas el jueves de la semana pasada, tras ganar un juicio que implicó el pago de 34.5 millones de pesos por salarios caídos.

Guadalajara, Jalisco. Marzo 04.- Continúa la ola de viajes al extranjero por parte de los diputados locales del estado de Jalisco. Ahora, una comitiva de cuatro se encuentra de gira por Perú y Argentina con el pretexto de ver un sistema de software que ya existe en México.
Antes de partir aseguraron que viajaban pagados por la empresa Calipso, proveedora del software, lo que de confirmarse pondría en aprietos a los diputados porque estarían violando el Código Penal del estado, al aceptar dádivas a cambio de comprar el producto.
Viajan en esta ocasión Jorge Arana, presidente de la Comisión de Administración y quien estaría comprometiendo la compra y violando el artículo 147 del Código Penal; Luis Manuel Vélez Fregoso, del PRD; Alfredo Zárate, del Partido del Trabajo, cuyo último viaje fue a Brasil hace ya seis meses; y Carlos Orozco Santillán, quien no desaprovecha viaje alguno por parte de su fracción.
Este último, por cierto, aprovechará la gira de diez días por Sudamérica para hacer escala en Colombia y verificar que sea cierto todo lo que dijo la comitiva de 47 funcionarios públicos (su compañero de bancada Enrique Alfaro, entre elos) y reporteros que estuvieron en Bogotá el mes pasado con el objeto de conocer el programa de un día sin auto.
El costo del software, motivo del viaje, es de 750 mil dólares y los diputados estarán en la planta de Rosario, donde la empresa montó un “centro especializado de atención y soporte remoto para clientes de México y el Caribe” según puede leerse en la página que Calipso tiene en Internet: http://www.calipso.com/notas/soporte.htm.
“Se trata de una edificio de 340m2 en el Boulevard Avellaneda, con capacidad para albergar a 60 profesionales, que, conectados en forma remota, brindarán soporte a los partners y clientes de esa región”, puede leerse en la misma página.
El regreso de los diputados está programado para el día diez de marzo, cuando toque el turno a Verónica Martínez, del PRI, cuyo último viaje fue a Washington hace ya tres meses, y Juan Carlos Márquez, del PAN, quienes viajarán a Europa para “conocer” más los juicios orales.

GUADALAJARA, Jalisco. Enero 15.- Pospuesta la decisión desde hace un mes, este martes la comisión encargada de elegir a tres consejeros del Instituto Federal Electoral para sustituir al presidente Luis Carlos Ugalde y dos consejeros más retomó el tema.
Llama la atención que además de su incapacidad para alcanzar un acuerdo en el tiempo que los mismos diputados se habían establecido (13 de diciembre) ahora pretendan elegir seis consejeros, en lugar de los tres, y así ganarle tiempo a su programación de continuar con los relevos escalonados que se habían propuesto para el mes de agosto.
Y llama la atención por dos motivos: querer suplir la incapacidad de los diputados para alcanzar este acuerdo precisamente abriendo la cartera a mayor número de aspirantes y porque perjudican a quienes vieron mayores posibilidades de alcanzar el cargo en el próximo mes de agosto, en un proceso menos manoseados y sin tantos reflectores como el que estamos viviendo.
El meollo del asunto es que será inevitable caer en la tentación del reparto de cuotas entre los partidos políticos, situación que precisamente busca salvarse con los relevos escalonados.
Con seis consejeros podrán repartirse dos consejeros para cada partido político de los tres principales que participan en la negociación y nuevamente estaríamos ante un IFE partidizado, muy lejano a aquel en que destacó José Woldenberg y que marcó un hito en la organización de procesos electorales.
Mientras los diputados no pongan reglas claras para la selección y respeten sus propios acuerdos, este tipo de decisiones siempre se verán atacadas por dos virus: en primer lugar se descalificará a los mejores debido a señalamientos, relación o propuestas de algún partido político específico e inevitablemente se elegirá a los siguientes de la lista con un perfil más bajo.
La otra muy lamentable es que dependerá del humor o el estado de ánimo con el que amanezcan los diputados para medir la capacidad de alcanzar un acuerdo.
Mientras, los ocho consejeros que todavía trabajan en el IFE se mantienen en la incertidumbre.

GUADALAJARA, Jalisco. Diciembre 17.- Estaba visto que la gente del poder ejecutivo no aceptaría la decisión del poder legislativo en lo que se refiere al presupuesto de egresos para el próximo año en Jalisco. El equilibrio de poderes que marca la constitución está muy lejos de aceptarse y por eso llegó el veto tan anunciado.
El gobernador del estado, Emilio González Márquez, por su parte, se fue de vacaciones a Roma, donde se tomará la foto con el Papa Joseph Ratzinger por cortesía de la empresa Televisa, que realizará un enlace directo y, se dice, en cadena para que nadie se quede sin ver cómo regala las figuras del nacimiento realizadas por artesanos de Tlaquepaque.
Con ese evento, el veto al presupuesto es cosa menor, si agregamos además que en el tema económico González Márquez ha demostrado la mayor apatía desde el inicio de su administración.
El intento es dar un golpe mediático que inicia mal. De acuerdo a la rueda de prensa ofrecida esta mañana por los encargados del despacho, existen 160 observaciones y alrededor de catorce mil millones de pesos que no “cuadran”.
La cantidad llama la atención porque los diputados sólo reasignaron dos mil quinientos millones de pesos, entonces la duda es de dónde salen los restantes once mil millones que muestran inconsistencias.

Hay quien dice que el gobernador no tuvo tiempo ni siquiera de ver las observaciones porque ya estaba de vacaciones, pero bien pudo haber dejado las hojas firmadas en blanco para que sus colaboradores las llenaras con lo que consideraron pertinente. Habrá tiempo para la revisión.

GUADALAJARA, Jalisco.- Diciembre 14.- Lo peor que podían hacer, lo hicieron los integrantes de la comisión de Gobernación que se encarga de seleccionar a los consejeros del Instituto Federal Electoral para sustituir al presidente y dos consejeros más.
Contrario a su propio acuerdo pospusieron la decisión hasta el próximo año y no el trece de diciembre.
Con ello dejan de antemano un IFE cuestionado, independientemente de la conformación.
Se confirmaron además todas las irregularidades y los intereses particulares de las principales fuerzas políticas, en esta ocasión incapaces de ponerse de acuerdo.
Hubo candidatos que detectaron la manipulación desde antes de las entrevistas y prefirieron dejar esa posibilidad para mejor ocasión.
Es un hecho que los vetos a los mejores candidatos permitirá la llegada de quienes no estaban en los primeros lugares, por eso la decisión de ampliar la lista de 15 que aprobaron el examen a 36, que tenían calificaciones más bajas.
Otro acuerdo incumplido es que los consejeros que dejarán el cargo, además del presidente Luis Carlos Ugalde, no saben quiénes son ni ellos mismos.
En el fondo, es que decidieron cambiar árbitros, pero no cambiaron las reglas y ahora pagan las consecuencias.
Nada más falta que vayan a pedir perdón a Luis Carlos Ugalde.