LOS COSTOS DE LA DEMOCRACIA, ESE TEMA TAN TRILLADO

El presente trabajo se realizó con base en un estudio comparativo de presupuestos que ejercían los Consejos o Instituto Electorales de diferentes estados en el año 2003, desde sueldos, costos de material y papelería electoral o los diferentes productos que oferta el IFE, a precios discrecionales, por supuesto.
Durante algún tiempo tocó puertas en busca de su publicación, misma que no llegó a concretarse por diferentes motivos, entre ellos porque el tema no se consideraba de actualidad, en ese entonces.
Finalmente lo alcanzó el tiempo.

Producto también de ese trabajo es la propuesta de Código Electoral para el Estado de Jalisco, presentada por los consejeros electorales Alejandro Elizondo Gómez, Sergio Castañeda Carrillo, Jaime Tamayo Rodríguez, Mario Pulido Romero y un servidor, al Congreso del Estado.

Por ello, algunos capítulos podrán considerarse o leerse como lugares comunes, debido a lo cual proponemos, para esos capítulos, ubicarlos en el contexto histórico antes de las reformas constitucionales que permitieron las modificaciones a la Ley Electoral del 2007.

Queda pues a su disposición antes de que se convierta, como dijera Julio Cortázar de los periódicos una vez leídos, en un montón de hojas impresas.

CAPITULO 1

LOS AHORROS EN PUERTA

Superados que fueron los debates conocidos como clásicos de las democracias europeas, terreno al que México llegó por la vía de la revolución legislativa en este tema (baste recordar que en tan sólo 20 años pasó del partido único de estado y su control absoluto sobre los procesos electorales a la participación democrática y a la organización ciudadana), se encuentran ahora sobre la mesa de debates los temas llamados de tercera generación.

Visto desde la óptica de esos adjetivos, la primera generación contempla las modificaciones legales que, en el sexenio presidencial de José López Portillo, permitieron una participación más amplia de partidos diferentes al Revolucionario Institucional (análisis aparte requiere el juego de los partidos políticos), la segunda corresponde al establecimiento de reglas para la organización de procesos electorales con mayor equidad y, finalmente en la mesa de actualidad, los costos.

Precisamente el tema que llama poderosamente la atención por la sensibilidad que muestra la ciudadanía cuando de dineros se trata, es el relativo a los costos de administración y organización electoral.

En los últimos diez años, los costos, tanto para financiamiento de los partidos políticos como para la organización misma se han quintuplicado habida cuenta que el sistema establecido para el reparto de los dineros partía de la base de multiplicaciones a partir de un costo mínimo de campaña al que posteriormente se le acumulan factores que han ido aumentando (anteriormente se multiplicaba por tres debido a que ese era el número de partidos representados en el congreso de la Unión, donde actualmente existen seis)(1) al amparo de las leyes que elaboran los propios partidos políticos, directamente beneficiados.

La revisión de los números arroja que el mayor porcentaje del presupuesto para las campañas políticas y los procesos electorales sigue siendo para los partidos políticos, en cantidades muy superiores en relación con los costos de administración.

MARCO CONSTITUCIONAL

Es así que a los costos de la organización federal, cercana a los trece mil millones de pesos que muestra un crecimiento de más del doble en relación con el proceso del 2003 y cuyo costo ascendió a cinco mil millones de pesos, habrá que agregar los costos que conlleva la organización de los procesos locales en cada una de las 32 entidades de la República.

Con ellos, las cifras se antojan estratosféricas para el común de la ciudadanía, que antepone la duda sobre la posibilidad de incrementar la participación de los militantes y simpatizantes en lo que a aportaciones económicas se refiere o permite que el Estado sea el gran financiero de la organización electoral.

De acuerdo al artículo 41 constitucional(2), los gobiernos de los estados deberán contar con un organismo encargado de organizar los procesos electorales.
Las reformas que permitieron un mayor número de recursos financieros a los partidos políticos, acompañados de una mejor distribución, ocurrieron en 1996, incluso seis años después de las modificaciones a las leyes que permitieron la creación del Instituto Federal Electoral.

LO CARO ES LA DESCONFIANZA

Pero el crecimiento ha sido tal que fue y es necesario ponerle un alto.
Así, una vez que arrancó el mecanismo mediante el cual se reducen los costos, en una primera instancia cargando la propaganda política a los tiempos oficiales de los medios de comunicación, es necesarios ampliar el mecanismo y comenzar la desaparición de los organismos estatales que duplican los costos, habida cuenta que el IFE cuenta con la infraestructura, el personal especializado, la experiencia, el equipo y los conocimientos necesarios para cumplir las funciones inherentes al nivel operativo, tanto en las elecciones nacionales como en las locales.

Y es que, por contraste, los órganos electorales estatales generalmente tienen dificultades para llevar a cabo tales funciones, debido a la escasez de recursos materiales y económicos (año con año es nota de prensa la lucha por los presupuestos para estos organismos, salvo dos estados donde ya se tiene asignado, por la vía constitucional, un determinado porcentaje del presupuesto para la organización de elecciones), falta de personal experimentado y otras razones en las que entran directamente en confrontación con el organismo federal.

Desde luego que este último punto es una generalización y que seguramente habrá órganos estatales para los que no se apliquen las dificultades anteriores.
Si bien es cierto que los costos de los procesos electorales tuvieron que ir a la alza por la desconfianza que en su momento provocó la organización cuando esta función estaba en manos del Estado, es momento de aceptar que la revolución legislativa de los últimos veinte años en materia electoral respondió a un modelo completamente agotado y es momento de cambiarla.

CAPITULO 2

DE DONDE VIENEN LOS RECURSOS
(En 70 de 124 municipios de Jalisco, se hizo presente el dinero del narcotráfico)

La política se ha vuelto más costosa día con día, principalmente por el incremento en los gastos de campaña, cuyos costos se disparan por diversas razones, entre ellas el excesivo uso de los medios electrónicos de comunicación(3) y de entre ellos los costos que ha alcanzado la televisión.

Contrario a ello, la sociedad civil inició con la demanda de que los recursos públicos destinados a los partidos políticos disminuyeran aunque contradictoriamente pedía también que los aspirantes a cargos de elección popular no establecieran compromisos con grupos de interés durante sus precampañas.

De la misma manera, demandó que las autoridades electorales cuenten con menos recursos económicos pero a la vez exigía que sus actividades se realizaran de manera permanente y no sólo durante los procesos electorales.

En ese contexto, la realidad de los números en los organismos electorales que organizan procesos en los niveles locales rebasa cualquier demanda ciudadana.

La disyuntiva ante tal demanda ciudadana, primero, es determinar o elegir si se incrementa el gasto en los procesos electorales (incluidos los gastos de campaña para los distintos partidos políticos, que se llevan la mayor parte de los recursos oficiales) o retira definitivamente los apoyos públicos para la organización de los procesos.

Esta última opción, sin embargo, conlleva el riesgo de abrir la puerta a que los grupos económicos de mayor influencia en las diferentes regiones del país tomen el control de la política bajo la premisa popular del que “el que paga manda”.
Si bien existen voces en el sentido de que de cualquier forma el dinero sucio llega a las campañas, el hecho de que mayoritariamente sea dinero público permite la fiscalización de esos dineros.

La experiencia en Jalisco durante el proceso del año 2003 prendió los focos de alerta por los peligros del financiamiento privado debido a que los partidos políticos perdieron el control ante algunos grupos de fuerte influencia económica, con el narcotráfico como principal fuente de ingresos, en por lo menos setenta municipios.

El sentido del financiamiento público se ha mantenido desde antes de que existieran reglas claras al respecto. Previo a las reformas del 77 en que se declaró a los partidos políticos entidades de interés público, la principal fuente de ingresos eran los gobiernos de los estados, sin que existiera entonces mecanismos de vigilancia para saber de dónde exactamente venían y hacia qué exactamente se destinaban.

Sin embargo, la misma reforma de 1977 abrió la puerta de la competencia electoral a fuerzas políticas hasta entonces marginadas y con ello la lucha por el poder cada vez se hace más competida y obliga a mayores erogaciones en busca de ganar preferencias entre los votantes.

En prácticamente todos los estados, los organismos encargados de organizar las elecciones repiten el mismo mecanismo para la obtención de recursos, “se elabora un presupuesto, que luego es sometido al congreso del estado”, salvo Guanajuato, en cuyo caso anualmente reciben el 0.5 por ciento del presupuesto anual del gobierno local. Es decir, los organismos electorales locales siguen dependiendo de los partidos políticos representados en el congreso al momento de asignar recursos.

Esta paradoja podrá resolverse con mejores mecanismos de control y fiscalización para evitar las prohibiciones, habida cuenta que hasta la fecha los partidos políticos, como dueños del dinero, han respondido de manera negativa a las prohibiciones.

Notas a pie
1 Para la asignación de recursos, el complejo mecanismo para la asignación de recursos en Jalisco, por ejemplo, contempla: “Para determinar los costos a que se refiere esta fracción, el Instituto deberá basarse en los estudios que elabore su presidente, en los cuales se considerará el número de partidos con representación en el Congreso del Estado, la duración de las campañas electorales, los costos aprobados para la elección correspondiente en los procesos electorales anteriores, los índices inflacionarios publicados por el Banco de México, así como los demás factores que, a juicio del Instituto, deban considerarse;
II. El costo mínimo de una campaña para diputado, será multiplicado por el número de diputados que deban elegirse por el principio de mayoría relativa y por el número de partidos políticos con representación en el Congreso del Estado;
III. El costo mínimo de una campaña para munícipes se multiplicará por el número total de ayuntamientos a renovar;
IV. La suma del resultado de las operaciones señaladas en las dos fracciones anteriores, constituirá el monto del financiamiento público total que se otorgará a los partidos políticos para las actividades tendientes a la obtención del voto en los procesos electorales en los cuales no tenga lugar la elección de Gobernador. Cuando deba elegirse Gobernador del Estado deberá adicionarse el costo mínimo correspondiente a esa elección”.

2 El presente trabajo fue elaborado antes de las propuestas de reforma a la Constitución Política que permitieron a su vez las respectivas modificaciones al Código Federal de Procedimientos y Procesos Electorales.

3 De acuerdo al editorial de la revista Etcétera correspondiente al mes de agosto del 2004, el año previo, es decir, en 2003, “los partidos destinaron alrededor de cinco mil millones de pesos para desplegar sus campañas electorales a través de los medios electrónicos, a Televisa le correspondió 60% de esa cantidad. El dispendio es enorme y la sumisión de los partidos para negociar las tarifas es a costa del erario, es decir, de los recursos fiscales que provienen de los ciudadanos.
Tan sólo en el proceso electoral del año dos mil, los partidos políticos gastaron más del cincuenta por ciento de sus ingresos oficiales en medios de comunicación.

CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
Pendientes

El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo.
Pulido Valdovinos, José María, “LOS COSTOS DE LA DEMOCRACIA, ESE TEMA TAN TRILLADO” en www.fueradejuicio.nireblog.com, 17 – X - 2007