Guadalajara, Jalisco.- Si bien es cierto que las manifestaciones de inconformidad ciudadana en contra del “placazo” disminuyeron con el anuncio, a cambio, del incremento de 75 por ciento en el refrendo de vehículos, lo cierto es que la discusión se encuentra ahora en el terreno de lo legal y los diputados ya lo piensan, por lo menos, dos veces antes de aprobar la medida.
A contracorriente, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, señala que se trata de un cobro legal si el dinero recaudado se destina a obras de vialidad o de movilidad urbana.
El abogado y notario Carlos Enrigue Zuloaga señala que “legalmente no es posible, pero arbitrariamente sí se puede imponer porque todo se debe a que no quieren llamar a las cosas por su nombre y no querer inventar otro impuesto ahora para movilidad”.
En tono sarcástico señala sin embargo que a pesar de la ley, “gobernador mata gordo”, o lo que es lo mismo, “¿qué horas son diputado?”, “Las que usted diga, señor gobernador”.
Ante el temor de la interposición de amparos, los diputados informan que sus abogados revisan la legalidad de la medida, concretamente el artículo 31 fracción IV, donde se establece la obligación de los ciudadanos de contribuir con los gastos públicos pero “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
En ningún lado dice que los recursos obtenidos por el pago de derechos pueden ser destinados a otro rubro y como la autoridad no puede hacer más que lo que la ley establece, según el principio de legalidad, habrá que esperar, de aprobarse, una arbitrariedad más, como parte del cinismo político en la toma de decisiones.