Nadie quiere reducir los recursos de los partidos
LA CONTROVERSIA SOLO INTENTARIA CAMBIAR IMAGEN DE EMILIO
Guadalajara, Jalisco. Agosto 16.- Aunque con muy pocas posibilidades de éxito, salvo aquellas que le pretenden modificar la imagen de un gobernador despilfarrador de los dineros públicos, finalmente el gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, decidió ir a la controversia constitucional en el caso de las reformas electorales que permiten un incremento en los recursos de los partidos políticos hasta en un quinientos por ciento.
El argumento que utilizó al hacer el anuncio fue precisamente que combatirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el articulo 105 constitucional restringe este tipo de asuntos a temas que no sean electorales, por lo que terminarán resolviendo con opiniones del Tribunal Federal Electoral) el incremento del financiamiento público a los partidos políticos, aprobados por los diputados locales.
Puesto en perspectiva, la cantidad de dinero es similar a la donación que a fondo perdido hizo a los empresarios en el presente año por 224 millones de pesos. La cantidad es también menor a las donaciones que ha hecho a las empresas televisoras y a la pretendida construcción del santuario de los Mártires.
Si ha “regalado” esas cantidades, evidentemente que la decisión es simplemente cambiar ahora su imagen porque dinero sí tiene y además la organización de los procesos electorales es una función de estado.
Con las pocas posibilidades de éxito que se tienen de que la controversia camine (el gobernador tendrá treinta días para que justifique por qué tomó esta decisión), al gobernador le servirá para intentar cambiar esa imagen pero más allá de ese objetivo mediático habrá que tomar otros puntos de vista.
Por ejemplo, la controversia constitucional es un mecanismo que sirve para dirimir conflictos entre poderes de un misto estado y ese debería ser precisamente el principal punto de análisis, que desde hace año y medio que inició la presente administración ha sido incapaz de entablar un diálogo con el poder ejecutivo que dure más allá de la comida o el café, por supuesto con su respectiva foto para los medios.
Otro es que el anuncio se hace dos meses después de que empezó el debate sobre algunos aspectos de la reforma electoral en la entidad y cuando sabían que en el presente año la constitución local, por obligación, tenía que estar “empatada” en sus reformas con la constitución federal, de acuerdo al artículo quinto transitorio de las reformas constitucionales aprobadas en noviembre del 2006. Sí, del 2006.
La medida lo que hace es meterle ruido a un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, más ruido que el ocasionado por el intento de relevo de consejeros y el cambio de nombre en el nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, consecuencia que no se midió.
En las reacciones, era de esperarse, y así sucedió, que los empresarios que lo incitaron y que lo han venido apoyando incluso en medidas antipopulares como el incremento al costo de las placas o el refrendo vehicular aplaudieran la medida. Por supuesto, los diputados de entrada la cuestionaron porque a final de cuentas esa una aprobación que se hizo en el congreso estatal por unanimidad.
Y finalmente el dato más contundente es que, en el fondo, por muy antipopular que sea la reforma, ninguno de los partidos políticos involucrados, incluído el que representa el gobernador, quiere que reduzcan esos aumentos en los ingresos recientemente aprobados, a nivel nacional ni local.
A no ser que González Márquez quiera rescatar con ese argumento al extinto PDM, partido que también presidió pero ya desaparecido, cosa que hasta escribir es descabellada.
El argumento que utilizó al hacer el anuncio fue precisamente que combatirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el articulo 105 constitucional restringe este tipo de asuntos a temas que no sean electorales, por lo que terminarán resolviendo con opiniones del Tribunal Federal Electoral) el incremento del financiamiento público a los partidos políticos, aprobados por los diputados locales.
Puesto en perspectiva, la cantidad de dinero es similar a la donación que a fondo perdido hizo a los empresarios en el presente año por 224 millones de pesos. La cantidad es también menor a las donaciones que ha hecho a las empresas televisoras y a la pretendida construcción del santuario de los Mártires.
Si ha “regalado” esas cantidades, evidentemente que la decisión es simplemente cambiar ahora su imagen porque dinero sí tiene y además la organización de los procesos electorales es una función de estado.
Con las pocas posibilidades de éxito que se tienen de que la controversia camine (el gobernador tendrá treinta días para que justifique por qué tomó esta decisión), al gobernador le servirá para intentar cambiar esa imagen pero más allá de ese objetivo mediático habrá que tomar otros puntos de vista.
Por ejemplo, la controversia constitucional es un mecanismo que sirve para dirimir conflictos entre poderes de un misto estado y ese debería ser precisamente el principal punto de análisis, que desde hace año y medio que inició la presente administración ha sido incapaz de entablar un diálogo con el poder ejecutivo que dure más allá de la comida o el café, por supuesto con su respectiva foto para los medios.
Otro es que el anuncio se hace dos meses después de que empezó el debate sobre algunos aspectos de la reforma electoral en la entidad y cuando sabían que en el presente año la constitución local, por obligación, tenía que estar “empatada” en sus reformas con la constitución federal, de acuerdo al artículo quinto transitorio de las reformas constitucionales aprobadas en noviembre del 2006. Sí, del 2006.
La medida lo que hace es meterle ruido a un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, más ruido que el ocasionado por el intento de relevo de consejeros y el cambio de nombre en el nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, consecuencia que no se midió.
En las reacciones, era de esperarse, y así sucedió, que los empresarios que lo incitaron y que lo han venido apoyando incluso en medidas antipopulares como el incremento al costo de las placas o el refrendo vehicular aplaudieran la medida. Por supuesto, los diputados de entrada la cuestionaron porque a final de cuentas esa una aprobación que se hizo en el congreso estatal por unanimidad.
Y finalmente el dato más contundente es que, en el fondo, por muy antipopular que sea la reforma, ninguno de los partidos políticos involucrados, incluído el que representa el gobernador, quiere que reduzcan esos aumentos en los ingresos recientemente aprobados, a nivel nacional ni local.
A no ser que González Márquez quiera rescatar con ese argumento al extinto PDM, partido que también presidió pero ya desaparecido, cosa que hasta escribir es descabellada.
Meneame
del.icio.us
