Guadalajara, Jalisco. Agosto 20.- Lejos de vislumbrar un posible acercamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo de Jalisco, las declaraciones posteriores a la interposición de la controversia constitucional apuntan al sentido contrario: al del conflicto.
Lo mismo ocurre con la reunión de funcionarios cercanos a la línea del gobernador, Emilio González Márquez, y la decisión de su contraparte en la presidencia estatal del PAN, Eduardo Rosales, de apoyar con todo la reforma que permite un aumento en los ingresos 500 por ciento superiores a los partidos políticos.
Y mientras continúa la discusión de si la controversia es aceptaba y procedente, surgió un nuevo elemento contradictorio en el Gobierno Estatal: cuando la supuesta pretensión es cuidar los dineros del pueblo, destinaron tres millones de pesos para una campaña mediática de desprestigio contra dos objetivos, uno es Jorge Salinas, coordinador blanquiazul en el Congreso de Jalisco, y el otro los partidos políticos.
Tampoco abonan al diálogo los argumentos para recurrir a la controversia cuando se pide que se decrete la inconstitucionalidad de la fracción IV del artículo 13, donde se establece el nuevo esquema de financiamiento, cuando lo único que se hizo fue ajustar, precisamente, el texto de la constitución local con la federal, como lo obligaba el artículo sexto transitorio de la reforma de noviembre del 2006, pero de paso se acusa a los diputados de un supuesto fraude a la ley.
Según Wikipedia, se denomina “fraude a la ley a una situación en la cual para evitar la aplicación de una norma jurídica que no le favorece o no le interesa, una persona se ampara en otra u otras, llamadas normas de cobertura, y busca dar un rodeo que le permita sortear la prohibición o las obligaciones que le imponía la norma vulnerada”: un ejemplo muy claro son los contratos que se dan a los trabajadores cada 28 días para evitar que creen antigüedad y no se les pague indemnización alguna.
En la exposición de motivos se señala, en base a la exposición de motivos de la reforma constitucional federal, que los incrementos a los partidos políticos de Jalisco elevan los costos de los procesos electorales en lugar de abaratarlos, como era demanda ciudadana.
En este punto, la petición o muestra desconocimiento o quiere engañar porque al citar la exposición de motivos no se entera que el ahorro está en otra parte, concretamente en evitar el crecimiento exponencial que sufrían los topes y gastos de campaña en cada proceso electoral.
El único punto con mayores posibilidades de controversia es el relativo a que los consejeros electorales son servidores públicos de confianza y al desaparecer su cargo sólo tienen derecho a la indemnización que por ley les corresponde, como ocurrió con los consejeros del Instituto Federal Electoral, y no como quieren indemnizarlos con sueldos hasta el 2010.
Es un hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará entrada a la petición porque así lo establece, otra vez, el artículo sexto transitorio de las reformas constitucionales, y a partir de entonces el gobierno del estado tendrá treinta días para argumentar su petición, mientras tanto, el ruido al proceso electoral que debe iniciar en diciembre sigue creciendo.